Presentada la demanda ante la PGR contra los presuntos responsables del Tabascogate, las “cajas de la infamia” iniciaron —el 26 de junio de 1995— un periplo por todo Tabasco para que los ciudadanos observaran y corroborarán con sus propios ojos los documentos originas de la secretaría de Finanzas del PRI que contenían los gastos electorales de Roberto Madrazo en 1994, superior a los 270 millones de pesos.
Primero, los perredistas las exhibieron en Plaza de Armas, donde seis meses atrás, en enero, fueron apaleados y desalojados violentamente por pandilleros y priistas, en defensa del “legítimo” triunfo de Roberto Madrazo.
Posteriormente, las exhibieron en plazas públicas de varios municipios para que los tabasqueños conocieran las entrañas del fraude electoral madracista.
Dos días después, cayó Esteban Moctezuma de la secretaría de Gobernación por su incapacidad para manejar la crisis política tabasqueña y no lograr la salida de Roberto Madrazo de la gubernatura, como se había ofrecido al PRD. Lo sustituyó Emilio Chuayffet.
Actor estelar en el conflicto poselectoral de Tabasco, Andrés Manuel López Obrador relató que en los aproximadamente 12 encuentros que sostuvo con Esteban Moctezuma, lo dejaron como un funcionario bien intencionado, pero inexperto políticamente, indeciso, carente de información política y sin respaldo presidencial.
“Fue perdiendo autoridad política y moral hasta rebelarse como un hombre sin palabra, que en política cuenta mucho. Echarse para atrás y no resolver el caso Tabasco influyó mucho en su salida de Gobernación”, indicó.
De sus encuentros con Moctezuma, recordó tres con mayor precisión. Dos en casa del consejero ciudadano del IFE, Santiago Creel, y otro cuando se decidió que habría nuevas elecciones en Tabasco.
El primer encuentro se concertó cuando la campaña de Roberto Madrazo avasallaba a los opositores. Antes de las elecciones del 20 de noviembre (1994), Porfirio Muñoz Ledo buscó a Moctezuma y acordaron una cena en casa de Creel.
López Obrador y José Agustín Ortiz Pinchetti, consejero también del IFE, fueron los otros dos invitados. “Ahí me presentaron a Moctezuma”, relató López Obrador al corresponsal de la revista Proceso.
Los comicios en Tabasco dominaron la charla. El futuro secretario de Gobernación tomaba los hilos de la política nacional y prometía que el gobierno federal y estatal jugarían limpio en Tabasco, aunque reconocía que era imposible revertir la iniquidad de la campaña.
Dos días después de las elecciones, y mientras las autoridades electorales maniobraban para “cuadrar votos” y desechaban impugnaciones de la oposición, se acordó otra cena en casa de Creel.
Ante los mismos invitados de la primera vez, Moctezuma ofreció esta vez que si el PRD probaba que había irregularidades en más del 20% de las casillas, se declararía inválida la elección.
Esteban Moctezuma.
En la segunda charla, Moctezuma se mostró “bien intencionado, respetuoso y tolerante”. El 27 de diciembre, el ya secretario de Gobernación llamó por teléfono a casa de López Obrador y le hizo la propuesta de revisar las actas y documentos electorales. El ex candidato perredista aceptó y se acordó –con la anuencia del PRI nacional y de Madrazo- que los consejeros ciudadanos revisaran las actas y emitieran una opinión.
Para ello, cada partido designó un representante y Gobernación otro. El 30 de diciembre, Creel y Ortiz Pinchetti informaron a Moctezuma, antes que a nadie, el resultado de análisis: habían encontrado irregularidades en el 78% de la documentación presentada. Moctezuma habló entonces con las partes involucradas y se acordó no revelar el contenido del informe.
Sin embargo, el PRI de Tabasco se adelantó y filtró a la prensa un dictamen tergiversado en el que supuestamente los consejeros ciudadanos no habían encontrado problemas en la documentación.
Este hecho probó a López Obrador que Moctezuma “quería hacer bien las cosas pero actuaba con mucha candidez”. Debió calcular que si el informe resultaba favorable a la oposición “de todas formas Madrazo no iba aceptar nada, como finalmente sucedió”.
En los primeros días de enero, Moctezuma y Obrador se volvieron a reunir en la oficina de Gobernación. Porfirio Muñoz Ledo y Beatriz Paredes Rangel fueron testigos.
A raíz del estudio de Creel y Pinchetti, Moctezuma ofreció nuevas elecciones en Tabasco, siendo avalado por la palabra presidencial. Con esta garantía, el PRD acudió a Los Pinos y ante el presidente Zedillo como testigo –el 17 de enero– firmó el Acuerdo Político Nacional con el PRI, PAN y PT.
En los primeros días del mes de Julio, luego de prolongado silencio, el presidente del Consejo Estatal Electoral (CEE), Gonzalo Quintana Giordano, por fin enfrentó a prensa, pero no en Tabasco, sino en las playas de Cancún. Hasta allá viajaron reporteros tabasqueños para arrancar algunas palabras al responsable de organizar los fraudulentos comicios que instalaron en la gubernatura a Roberto Madrazo.
Desde que reventó el Tabascogate, Quintana Giordano era el hombre más buscado por la prensa. Contradictorio, como en todo el proceso electoral, dijo que continuaba “pendiente” que el Consejo Estatal Electoral (CEE) conociera y analizara el dictamen que una supuesta comisión del Instituto Estatal Electoral (IEE) reportaría sobre gastos de campaña de los partidos políticos.
El empresario, - quien al asumir el cargo en diciembre de 1993 aceptó ser “ignorante” de las leyes electorales- aseguró que en la próxima sesión del CEE – que no se reunía desde el 12 de diciembre de 1994- tendría a su disposición “el reporte de la comisión dictaminadora del IEE”.
Interrogado sobre si el PRI respetó el tope de campaña para la gubernatura de 4 millones 939,000 pesos, respondió que si hubiese irregularidades la comisión dictaminadora hubiera emitido una resolución para informar al partido en cuestión.
“Pero como no hubo tal resolución, el dictamen fue en el sentido de que se respetó el tope”, dijo en abierta contradicción a que el CEE no conocía aún el reporte del IEE.
El mencionado dictamen se basó, “exclusivamente en un informe escrito del PRI porque no llegaron a manos de la comisión dictaminadora los comprobantes de los gastos que se comentan”, indicó en tácito reconocimiento a la violación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tabasco (Coipet).
En párrafo 2 del artículo 55 del Coipet establecía que los gastos de campaña debían presentarse dentro de los sesenta días siguientes, a partir del día de la jornada electoral.
Los comicios fueron el 20 de noviembre de 1994. Los gastos de campaña debieron presentarse a más tardar el 20 de enero. Quince días antes de esa fecha, el CEE debió constituir una comisión del IEE para recepcionar la documentación, revisar y dictaminar sobre los gastos de campaña.
En un plazo no mayor a 90 días, la comisión debió revisar los gastos de campaña para gobernador, 17 presidentes municipales y 29 diputados locales.
El 20 de abril, debió informar al CEE su dictamen y si hubiese encontrado alguna irregularidad, se otorgaría un plazo de diez días al partido político responsable para que presentara aclaraciones o rectificaciones.
Y en 20 días más -hasta mayo 20- elaborar su dictamen final para presentarlo ante el CEE “dentro de los treinta días siguiente a su conclusión”, es decir, el 20 de junio como fecha máxima.
Sin embargo, Gonzalo Quintana aseguraba desde Cancún, el 2 de julio, que aún estaba “pendiente” que el CEE conociera y analizara el dictamen de la comisión revisora de los gastos de campaña, pese a que el plazo había concluido el 20 de junio.
Rafael López Cruz, representante del PRD ante el CEE, tachó de “cínicas” las declaraciones de Quintana, pues nunca se constituyó la referida comisión revisora de gastos de campaña “porque desde el 12 de diciembre se suspendieron las sesiones y no convocaron a una más para defender el fraudulento triunfo de Roberto Madrazo”.
Recordó que antes que se venciera el plazo - 20 de enero- para entregar los gastos de campaña, se presentó ante la CEE “pero nadie me recibió la documentación porque los principales funcionarios electorales se estaban mudando a los nuevos cargos ofrecidos por Madrazo”.
Por ello, afirmó, el PRD “no presentó su gasto de campaña como tampoco lo hizo el PRI ni otro partido”.
A seis meses de gobierno madracista, Tabasco se convulsionaba en protestas, reclamos y manifestaciones, en espera de la resolución de la PGR en torno al gasto de campaña de Madrazo.
Plaza de Armas y la Quinta Grijalva eran centros permanentes de inconformidades y de huelgas de hambre como último recurso para conseguir audiencia y ser escuchados por el cuestionado gobernador.
Hostigado y para demostrar que gobernaba “para todos”, el mandatario inició giras por municipios gobernados por el PRD, rodeado de 30 guardaespaldas e ignorado por los alcaldes del sol azteca.
Los empresarios, tradicionales aliados, también protestaban por los primeros turbios negocios del gobierno madracista. Principalmente del ramo automotriz y de seguros, quienes se quejaban de millonarias compras sin licitación pública como establecía la Ley de Adquisiciones de Bienes y Servicios del gobierno estatal.
Fernando Pazos de la Torre (ya fallecido) -hermano del economista Luis Pazos-, José Miaja Álvarez y Héctor Castillejos, concesionario de la Ford y gerentes de ventas de la Chevrolet y Volkswagen, respectivamente, denunciaron que el gobierno madracista adquirió 60 vehículos sin concurso público.
Los vehículos -30 Cavalier y 30 camionetas Pick Up para la policía judicial y preventiva- fueron comprados directamente a la otra agencia Chevrolet, propiedad del empresario Sergio Cruces Galán, miembro del comité de financiamiento del PRI y cabeza del grupo “Fuerza Ciudadana” durante la campaña electoral de Madrazo.
Hasta Junio de 1994, la empresa Crufer Accesorios -propiedad de Cruces Galán- tenía deudas por 22 millones de pesos, según un informe confidencial del Centro Bancario de Villahermosa.
Al término del gobierno de Roberto Madrazo, el empresario Galán Cruces era ya propietario en Tabasco de las agencias de los vehículos de lujo BMW, Cadillac, Porsche y Hummer.
A la protesta se sumó el presidente de la Junta Coordinadora Empresarial, Martín Rueda de León, quien acusó que las agencias de Seguros y Fianzas de Tabasco – de la cual también era dirigente- fueron engañadas por el gobierno estatal.
Denunció que mientras la secretaría de Planeación y Finanzas los invitaba a participar para contratar seguros y fianzas para sus bienes, cerraba contratos con una compañía del Distrito Federal.
“Esto es una competencia desleal”, acusó el líder empresarial en una reunión con el gobernador Madrazo, quien solo ofreció “investigar”.
Así como la procuraduría de Justicia ofreció “investigar” el atentado en contra de la vida del periodista Isidoro Pedrero Totosaus, ocurrido la madrugada del 26 de junio de 1995.
La recámara del comunicador fue baleada tres veces. Su esposa y dos hijos dormían en otra habitación. Pedrero Totosaus no se encontraba. Había salido un día antes al municipio de Tenosique donde comió con el vocero del presidente Ernesto Zedillo, Carlos Salomón Cámara, originario -igual que el periodista - de ese municipio.
“Responsabilizo directamente a Roberto Madrazo del atentado contra mi vida. La bestia anda suelta”, acusó el destacado columnista ante los medios de comunicación.
Pedrero Totosaus era de los pocos periodistas críticos del gobierno de Madrazo y particularmente de derroche priista en la campaña para la gubernatura “mientras el pueblo tabasqueño se debate en la miseria y el hambre”, escribió en una de sus leídas columnas políticas. Enfermo, el comunicador murió en diciembre de 2004.
El terrorismo policiaco se agudizó cuatro días después del atentado en contra del periodista.
El 30 de junio policías del municipio de Huimanguillo asesinaron al joven campesino Francisco Osorio López, luego de un zafarrancho entre labriego y uniformados.
Al día siguiente, el reo Héctor Rodríguez Hernández fue asesinado en el Centro de Readaptación Social de Villahermosa y su cuerpo hallado en un camión recolector de basura donde pretendieron sacarlo.
